Fase de finalizaci贸n del procedimiento administrativo com煤n

Oct 23, 2020

 

 

El cap铆tulo V del t铆tulo IV recoge la fase de finalizaci贸n del procedimiento administrativo, que se divide, a su vez, en cuatro secciones, que van del art铆culo 84 al 95.

 

Disposiciones generales

En la primera de ellas, se hace referencia a las diferentes formas de terminar un procedimiento.

 

Terminaci贸n

En este sentido, el art铆culo 84 dispone que pondr谩n fin al procedimiento:

  • La resoluci贸n.
  • El desistimiento.
  • La renuncia al derecho en que se funde la solicitud (si dicha renuncia no est谩 prohibida por el ordenamiento jur铆dico).
  • La declaraci贸n de caducidad.
  • La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

En todo caso, la resoluci贸n que se dicte deber谩 ser motivada.

 

Terminaci贸n en los procedimientos sancionadores

Por su parte, el art铆culo 85 se帽ala que, una vez que se inicie el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, el procedimiento podr谩 resolverse imponiendo la sanci贸n que proceda.

Cuando la sanci贸n tenga solo car谩cter pecuniario (es decir, monetario) o bien se deba imponer una sanci贸n monetaria y otra que no lo sea (justific谩ndose que esta 煤ltima es improcedente), el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resoluci贸n, implicar谩 que se termine el procedimiento, si bien existen dos excepciones: una, en lo que se refiere a la reposici贸n de la situaci贸n alterada, y otra, relativa a la determinaci贸n de la indemnizaci贸n por los da帽os y perjuicios causados al cometer la infracci贸n.

En ambos casos, cuando la sanci贸n tenga solo car谩cter pecuniario, el 贸rgano competente para resolver el procedimiento aplicar谩 reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanci贸n propuesta, siendo estas acumulables entre s铆. Dichas reducciones deber谩n estar determinadas en la notificaci贸n de iniciaci贸n del procedimiento, y su efectividad estar谩 condicionada al desistimiento o la renuncia de cualquier acci贸n o recurso en v铆a administrativa contra la sanci贸n.

Es importante recordar que el porcentaje de reducci贸n que hemos mencionado podr谩 incrementarse de manera reglamentaria.

 

 

Terminaci贸n convencional

La secci贸n primera se cierra con el art铆culo 86, el cual recoge que las Administraciones P煤blicas podr谩n celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho tanto p煤blico como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jur铆dico ni versen sobre materias no susceptibles de transacci贸n y tengan como objetivo satisfacer el inter茅s p煤blico que tienen encomendado, con el alcance, los efectos y el r茅gimen jur铆dico espec铆fico que, en su caso, prevea la disposici贸n que los regule. Unos actos que podr谩n considerarse finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con car谩cter previo 鈳紇inculante o no鈳 a la resoluci贸n que les ponga fin.

Los citados instrumentos deber谩n establecer, como contenido m铆nimo, la identificaci贸n de las partes intervinientes, el 谩mbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no seg煤n su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

En todo caso, requerir谩n de la aprobaci贸n expresa del Consejo de Ministros, o el 贸rgano equivalente de las comunidades aut贸nomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho 贸rgano.

Los acuerdos que se suscriban no supondr谩n una alteraci贸n de las competencias atribuidas a los 贸rganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y los funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios p煤blicos. En los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deber谩 fijar la cuant铆a y el modo de indemnizaci贸n, de acuerdo con los criterios que, para calcularla y abonarla, establece el art铆culo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico.

 

Resoluci贸n

Actuaciones complementarias

Nos vamos ahora a la secci贸n segunda, para hablar de las resoluciones. As铆, el art铆culo 87 se帽ala que, antes de dictar resoluci贸n, el 贸rgano competente para resolver podr谩 decidir, mediante un acuerdo motivado, la realizaci贸n de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. (Recuerda que no son actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resoluci贸n final del procedimiento).

El acuerdo de realizaci贸n de actuaciones complementarias se notificar谩 a los interesados, y se les dar谩 un plazo de siete d铆as para formular las alegaciones pertinentes, tras la finalizaci贸n de las mismas. Las actuaciones complementarias deber谩n practicarse en un plazo no superior a 15 d铆as, y el tiempo para resolver el procedimiento quedar谩 suspendido hasta que finalicen las actuaciones complementarias.

 

Contenido

Se帽ala el art铆culo 88 que la resoluci贸n que ponga fin al procedimiento decidir谩 todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por los interesados, el 贸rgano competente podr谩 pronunciarse sobre las mismas, habi茅ndolo puesto antes de manifiesto a los interesados con un plazo no superior a 15 d铆as, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten, en su caso, los medios de prueba.

En los procedimientos que se tramiten a solicitud del interesado, la resoluci贸n ser谩 congruente con las peticiones formuladas por este, sin que, en ning煤n caso, pueda agravar su situaci贸n inicial y sin perjuicio de la potestad que tiene la Administraci贸n de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

Las resoluciones contendr谩n la decisi贸n, que ser谩 motivada en los casos a los que hace referencia el art铆culo 35 de esta ley. Adem谩s, expresar谩n los recursos que contra la misma procedan, el 贸rgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Igualmente, sin perjuicio de la forma y el lugar que hayan sido se帽alados por el interesado para la pr谩ctica de las notificaciones, la resoluci贸n del procedimiento se dictar谩 de manera electr贸nica y garantizar谩 la identidad del 贸rgano competente, as铆 como la autenticidad y la integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta ley.

La Administraci贸n no podr谩 abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podr谩 acordarse la inadmisi贸n de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jur铆dico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petici贸n previsto por el art铆culo 29 de la Constituci贸n.

La aceptaci贸n de informes o dict谩menes servir谩 de motivaci贸n a la resoluci贸n cuando se incorporen al texto de la misma.

Recuerda que, cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo 贸rgano, ser谩 necesario que el instructor eleve al 贸rgano competente para resolver una propuesta de resoluci贸n.

 

Propuesta de resoluci贸n en los procedimientos de car谩cter sancionador

En cuanto a la propuesta de resoluci贸n en los procedimientos de car谩cter sancionador, el art铆culo 89 explica que el 贸rgano instructor resolver谩 la finalizaci贸n del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulaci贸n de la propuesta de resoluci贸n, cuando en la instrucci贸n del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

  • La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracci贸n.
  • Cuando los hechos no resulten acreditados.
  • Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, una infracci贸n administrativa.
  • Cuando no existan o no se haya podido identificar a la persona o las personas responsables, o bien aparezcan exentas de responsabilidad.
  • Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracci贸n.

En el caso de los procedimientos de car谩cter sancionador, una vez concluida la instrucci贸n del procedimiento, el 贸rgano instructor formular谩 una propuesta de resoluci贸n, que deber谩 ser notificada a los interesados. Dicha propuesta deber谩 indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones, y deber谩 presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

En la propuesta de resoluci贸n, se fijar谩n, de forma motivada, los hechos que se consideren probados y su exacta calificaci贸n jur铆dica, y se determinar谩n la infracci贸n que, en su caso, aquellos constituyan, la persona o las personas responsables y la sanci贸n que se proponga, la valoraci贸n de las pruebas practicadas 鈳糴n especial, aquellas que constituyan los fundamentos b谩sicos de la decisi贸n鈳, as铆 como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucci贸n concluya la inexistencia de infracci贸n o responsabilidad y no se haga uso de las circunstancias que acabamos de comentar, la propuesta declarar谩 esa situaci贸n.

 

 

Especialidades de la resoluci贸n en los procedimientos sancionadores

Se帽ala el art铆culo 90 que, en el caso de los procedimientos de car谩cter sancionador, adem谩s de todo el contenido que acabamos de ver, la resoluci贸n incluir谩 la valoraci贸n de las pruebas practicadas 鈳糴n especial, aquellas que constituyan los fundamentos b谩sicos de la decisi贸n鈳, y fijar谩 los hechos y, en su caso, la persona o las personas responsables, la infracci贸n o las infracciones cometidas y la sanci贸n o las sanciones que se imponen, o bien la declaraci贸n de que no existe infracci贸n o responsabilidad.

En la resoluci贸n, no se podr谩n aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoraci贸n jur铆dica. No obstante, cuando el 贸rgano competente para resolver considere que la infracci贸n o la sanci贸n revisten mayor gravedad que la que se determin贸 en la propuesta de resoluci贸n, se notificar谩 esta circunstancia al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 d铆as.

La resoluci贸n que ponga fin al procedimiento ser谩 ejecutiva cuando no quepa contra ella ning煤n recurso ordinario en v铆a administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares que sean precisas para garantizar su eficacia, en tanto que no sea ejecutiva, y que podr谩n consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

Cuando la resoluci贸n sea ejecutiva, se podr谩 suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administraci贸n su intenci贸n de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resoluci贸n firme en v铆a administrativa. Dicha suspensi贸n cautelar finalizar谩 cuando:

  • Haya transcurrido el plazo que legalmente se estableciera sin que el interesado haya interpuesto el recurso contencioso-administrativo.
  • O, habiendo interpuesto el recurso contencioso-administrativo, no se haya solicitado, en el mismo tr谩mite, la suspensi贸n cautelar de la resoluci贸n impugnada, o el 贸rgano judicial se pronuncie sobre la suspensi贸n cautelar solicitada, en los t茅rminos previstos en ella.

Cuando las conductas sancionadas hubieran causado da帽os o perjuicios a las Administraciones y la cuant铆a destinada a indemnizar estos da帽os no hubiera quedado determinada en el expediente, esta se fijar谩 mediante procedimiento complementario, cuya resoluci贸n ser谩 inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento ser谩 susceptible de terminaci贸n convencional, pero ni esta ni la aceptaci贸n por el infractor de la resoluci贸n que pudiera recaer implicar谩n el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. Eso s铆, la resoluci贸n del procedimiento pondr谩 fin a la v铆a administrativa.

 

Especialidades de la resoluci贸n en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

Nos vamos ahora al art铆culo 91 para hablar de las especialidades de la resoluci贸n en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Y es que, una vez recibido el dictamen (o, en el caso de que este no sea preceptivo, una vez finalizado el tr谩mite de audiencia), el 贸rgano competente resolver谩 o someter谩 la propuesta de acuerdo para su formalizaci贸n por el interesado y por el 贸rgano administrativo competente para suscribirlo.

En los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial, ser谩 necesario que la resoluci贸n se pronuncie sobre la existencia o no de la relaci贸n de causalidad entre el funcionamiento del servicio p煤blico y la lesi贸n producida y, en su caso, sobre la valoraci贸n del da帽o causado, la cuant铆a y el modo de la indemnizaci贸n, cuando proceda, de acuerdo con el art铆culo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico.

Transcurridos seis meses desde que se inici贸 el procedimiento sin que haya reca铆do y se notifique resoluci贸n expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podr谩 entenderse que la resoluci贸n es contraria a la indemnizaci贸n del particular.

 

Competencia para la resoluci贸n de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

 

En cuanto a la competencia para la resoluci贸n de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el art铆culo 92 dispone que, en el 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolver谩n por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del art铆culo 32.2 de la Ley 40/2015, o cuando una ley as铆 lo disponga.

En el 谩mbito auton贸mico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolver谩n por los 贸rganos correspondientes de las comunidades aut贸nomas o de las entidades que integran la Administraci贸n local.

En el caso de las entidades de derecho p煤blico, las normas que determinen su r茅gimen jur铆dico podr谩n establecer los 贸rganos a los que corresponde la resoluci贸n de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicar谩n las normas previstas en este art铆culo.

 

Desistimiento y renuncia

Desistimiento por la Administraci贸n

 

En la secci贸n tercera, nos encontramos con los art铆culos dedicados al desistimiento y la renuncia. El art铆culo 93 aclara que, en aquellos procedimientos iniciados de oficio, la Administraci贸n podr谩 desistir, de manera motivada, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

 

Desistimiento y renuncia por los interesados

 

Por otro lado, el art铆culo 94 recoge que todo interesado podr谩 desistir de su solicitud o, cuando ello no est茅 prohibido por el ordenamiento jur铆dico, renunciar a sus derechos. Si el escrito de iniciaci贸n se hubiese formulado por dos o m谩s interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectar谩n a aquellos que la hubiesen formulado. Tanto el desistimiento como la renuncia podr谩n hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorporen las firmas que correspondan, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

La Administraci贸n aceptar谩 de plano (es decir, se adoptar谩n de manera inmediata y sin tr谩mites) el desistimiento o la renuncia, y declarar谩 concluso el procedimiento, salvo que, habi茅ndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuaci贸n en el plazo de 10 d铆as desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia.

Si la cuesti贸n suscitada por la incoaci贸n del procedimiento entra帽ase inter茅s general o fuera conveniente sustanciarla para su definici贸n y su esclarecimiento, la Administraci贸n podr谩 limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado, y seguir谩 el procedimiento.

 

Caducidad

 

Requisitos y efectos

 

Cerramos el cap铆tulo V con la secci贸n cuarta, dedicada a la caducidad. As铆, tal y como se帽ala el art铆culo 95, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando estos se paralicen por causa imputable al mismo, la Administraci贸n advertir谩 de que se producir谩 la caducidad del procedimiento transcurridos tres meses. Tras dicho plazo sin que el particular que haya sido requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitaci贸n, la Administraci贸n acordar谩 el archivo de las actuaciones y se lo notificar谩 al interesado. Contra la resoluci贸n que declare la caducidad, proceder谩n los recursos pertinentes.

No podr谩 acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en el cumplimiento de los tr谩mites, eso s铆, siempre que estos no sean indispensables para dictar resoluci贸n. Por ello, dicha inactividad no tendr谩 otro efecto que la p茅rdida del derecho al referido tr谩mite.

La caducidad no producir谩 por s铆 sola la prescripci贸n de las acciones del particular o de la Administraci贸n, pero los procedimientos caducados no interrumpir谩n el plazo de prescripci贸n.

En los casos en los que sea posible iniciar un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripci贸n, podr谩n incorporarse a este los actos y tr谩mites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deber谩n cumplimentarse los tr谩mites de alegaciones, proposici贸n de prueba y audiencia del interesado.

La caducidad podr谩 no aplicarse en los casos en los que la cuesti贸n suscitada afecte al inter茅s general, o fuera conveniente sustanciarla para su definici贸n y su esclarecimiento.

 

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