Capítulo III Principios rectores de la política social y económica

El Capítulo III, recoge los principios rectores de la política social y económica en los artículos 39 a 52. Éstos suponen un conjunto de preceptos de distinta naturaleza que incluye auténticos derechos como el de una vivienda digna, aspiraciones como el progreso social y económico o mandatos a los poderes públicos para la protección de la familia, la infancia o el patrimonio histórico, para mantener un régimen público de Seguridad Social y para promover el acceso a la cultura, la participación de la juventud y fomentar el deporte. Se reconoce el derecho a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Además, los poderes públicos deben realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y garantizar una suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. También deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Asimismo, se encomienda al Estado la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y por último, se reconocen las organizaciones profesionales.

Capítulo IV Las garantías de las libertades y derechos fundamentales

El Capítulo IV, establece las garantías de las libertades y derechos fundamentales en los artículos 53 y 54. Como consecuencia de la importancia que tiene el Título I, la Constitución fija unas garantías genéricas para su protección, reguladas en el artículo 53, que se pueden clasificar según el tipo de derecho que aseguran. Esta protección se recoge a través de un sistema de esferas concéntricas, de manera que cuánto más importante sea un derecho, más protegido estará. Los derechos y libertades del Capítulo II están amparados por dos mecanismos, el primero supone que los poderes públicos están obligados a respetar y proteger los derechos contenidos en el Capítulo II. El segundo, implica que la regulación de los derechos y libertades del Capítulo II debe hacerse mediante ley y que cualquier ley que se extralimite podrá ser objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, el propio artículo 53, reconoce el recurso de amparo para la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades establecidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución. El artículo 54 recoge la institución del Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales.

Capítulo V Suspensión de los derechos y libertades

Por último el Capítulo V, regula en su artículo 55 la suspensión de los derechos y libertades. La regla general es la vinculación de los poderes públicos respecto a la protección y garantía de los derechos y libertades, sin embargo, en casos extraordinarios puede existir un interés superior que obligue a limitar los mismos. Estas circunstancias excepcionales deben ser interpretadas de forma restrictiva y aplicadas únicamente en los supuestos legalmente previstos que señala el artículo 55 de la Constitución y que básicamente son dos: la declaración de los estados de excepción o de sitio y los casos de investigaciones sobre bandas armadas y terrorismo.