El artículo 53 se encuentra recogido en el capítulo IV del título I de la Constitución española, bajo la rúbrica De las garantías de las libertades y derechos fundamentales y está estructurado en tres apartados:

• En el primer apartado se establece que los derechos y libertades que se recogen en el capítulo II del título I, es decir, los artículos 14 al 38, vinculan a todos los poderes públicos. La regulación de estos derechos y libertades debe hacerse mediante ley, que debe respetar su contenido esencial. Se trata de una reserva de ley que implica que es el poder legislativo el que debe establecer la regulación de dicha materia y que cualquier ley que se extralimite podrá ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No obstante, conviene matizar que en virtud de lo previsto en el artículo 81 de la Constitución española, los derechos fundamentales y libertades públicas que se recogen en los artículos 15 al 29 deben regularse por ley orgánica y los derechos y deberes reconocidos en los artículos 30 al 38 por ley ordinaria.
• El segundo apartado recoge la protección jurisdiccional de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 al 29 ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, es decir, se trata de un proceso especial que supone una prioridad en su tramitación respecto al resto de asuntos. Además, cuando se trate de los derechos y libertades previstos en los artículos 14 al 29 también puede recabarse la tutela ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición del recurso de amparo. Este último recurso también es aplicable a la objeción de conciencia que se encuentra regulada en el artículo 30.
• El tercer apartado dispone que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica que se encuentran en el capítulo III, es decir, los artículos 39 al 52, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Además, solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Estos principios rectores recogen derechos como el de la protección de la salud o la vivienda, la distribución equitativa de la renta, el progreso social y económico, así como las sanciones contra atentados al patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.