Para conocer el proceso de creación de las comunidades autónomas, acudimos primero al artículo 2 de nuestra Constitución, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas. En definitiva, se reconoce la existencia de las comunidades autónomas, su capacidad de autogobierno y la necesidad de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español.

En el texto constitucional, se diferencian dos vías de acceso a la autonomía: la vía lenta, recogida en el artículo 143, y la vía rápida, que se detalla en el artículo 151. Pero, además, el artículo 144 identifica una serie de excepciones en el proceso autonómico, al igual que las disposiciones adicionales y transitorias.

Creación de las comunidades autónomas

Vía lenta

El procedimiento ordinario, que se explica en el artículo 143, es el modelo que se ha utilizado para la mayor parte de los territorios. Para el ejercicio del derecho a dicha autonomía, debían ser provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares o provincias con entidad regional histórica.

A partir de esa historia en común de los territorios, es necesaria una iniciativa autonómica que permita conocer la voluntad de un conjunto de regiones de constituirse en comunidad autónoma. Y, para acreditar que esa voluntad gozará de suficiente apoyo, se establece lo siguiente: que la propongan las diputaciones o, en su caso, el órgano interinsular que corresponda y las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Con el fin de evitar que los procesos se alargaran en el tiempo, se estableció un plazo de seis meses para lograr que prosperase la iniciativa. De lo contrario, deberían transcurrir cinco años para que se pudiera a repetir el proceso.

Hay que recordar que, como especialidad en esta iniciativa, la disposición transitoria primera señala la posibilidad de que los territorios con regímenes provisionales de autonomía sustituyan la iniciativa de las diputaciones u órganos insulares.

Vía rápida

En el artículo 151, se prevé un procedimiento especial de acceso a la autonomía, en virtud del cual se podía obtener, inicialmente, un mayor nivel de autogobierno. Es decir: no es necesario dejar transcurrir el plazo de cinco años cuando la iniciativa del proceso autonómico se acuerde, dentro del plazo de seis meses, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por la tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y cuando dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley orgánica.

El proyecto de estatuto se elaborará y elevará a las Cortes Generales por una asamblea compuesta solo por los diputados y senadores elegidos en las provincias correspondientes. Tras su aprobación, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará, con el concurso y la asistencia de una delegación de la asamblea proponente, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

Es importante resaltar que, por un lado, se necesita el referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en dicho ámbito territorial, y, por otro, la ratificación final en el Congreso y en el Senado, con una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Tal y como señala el artículo 151, si no se aprueba el proyecto conforme a lo señalado anteriormente, tampoco se impide la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada, en la forma que establezca una ley orgánica.

Recuerda que esta forma de tramitar la autonomía es aplicable a quien iniciase el procedimiento cumpliendo con todos los requisitos, como es el caso de Andalucía, o en aquellos territorios que hubieran expresado su voluntad de constituirse en autonomía por órganos preautonómicos o hubieran plebiscitado en el pasado con tal fin, como fue el caso de Cataluña, Galicia y País Vasco. En estos casos, solo se requiere la mayoría absoluta del órgano preautonómico de gobierno.