La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO VioGen) garantiza, en su título II, una serie de derechos a todas las mujeres víctimas de violencia de género “con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 17 de la LO VioGen).

Estos derechos figuran en la ley distribuidos en dos capítulos: el primero hace referencia a los derechos de información, asistencia social integral y asistencia jurídica gratuita; mientras que el segundo alude a los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

A continuación, vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos y qué implicaciones tiene su reconocimiento para las víctimas.

Capítulo I: derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita (arts. 17 a 20 de la LO VioGen)

En primer lugar, el artículo 18 consagra el derecho a la información determinando que todas las víctimas tienen derecho a recibir información plena y asesoramiento adecuado a su situación personal por parte de los servicios, organismos u oficinas de las Administraciones Públicas. Esta información deberá proporcionarse en formato accesible y comprensible para todas las personas y, en especial, para aquellas con algún tipo de discapacidad (p.ej.: información en lengua de signos).

En segundo lugar, el artículo 19 instaura el derecho de asistencia social integral, entendiendo como tal el derecho de acceso a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida, y de recuperación integral. Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales deben organizar estos servicios de conformidad con los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de las prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas. Asimismo, estarán facultados para solicitar al juez las medidas urgentes que estimen convenientes.

Por último, el artículo 20 reconoce a las víctimas los derechos a recibir asesoramiento jurídico gratuito antes de interponer la denuncia y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Debemos destacar que este derecho asistirá también a los sucesores en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que estos no hubiesen participado en los hechos. Además, la ley obliga a los colegios de abogados y procuradores a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.