La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, LO Igualdad) se estructura en 78 artículos, distribuidos en ocho títulos, 31 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

Tal y como señala la exposición de motivos de la ley, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.

Partiendo de este contexto, en 2007, entró en vigor la LO Igualdad con el objetivo de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.

En este sentido, el artículo 2 de la LO Igualdad dispone que las obligaciones establecidas en esta ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, independientemente de su nacionalidad, domicilio o residencia. Asimismo, reconoce a todas las personas los derechos derivados del principio de igualdad de trato y prohibición de discriminación por razón de sexo.

Por su parte, el artículo 3 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, la derivada de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Pero, ¿qué se entiende por discriminación directa e indirecta por razón de sexo?

El artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007 se encarga de definir estos conceptos. En primer lugar, se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

En segundo lugar, es discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. Se exceptúan aquellos casos en los que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, siempre que los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados.

En última instancia, el artículo aclara que, en cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.