El título preliminar recoge los valores y principios que se irán desarrollando a lo largo de toda nuestra Constitución. De carácter breve, abarca los artículos del 1 al 9, que veremos, con detalle, a continuación.

Estado social y democrático de derecho

En los artículos 1 y 2, se definen los límites jurídicos, políticos y territoriales del Estado. Así, en el primero de ellos, en el artículo 1.1, se establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». En este apartado, diferenciamos tres aspectos:

• Cuando hablamos de Estado social, nos referimos a la búsqueda del bienestar social de los ciudadanos, evitar las desigualdades, y asegurar a todos los ciudadanos los derechos que se recogen en el título I.
• España es un Estado democrático, siendo este principio uno de los más importantes, puesto que rompe con el sistema anterior: la dictadura franquista. Para hacerlo efectivo, es necesario un reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos, y la garantía y la promoción de su participación en los asuntos públicos. Recuerda que la CE recoge la existencia de los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las asociaciones, las libertades públicas, el pluralismo lingüístico y la libertad de creencia religiosa; mecanismos de participación política indirecta que se complementan con otros mecanismos de participación semidirecta o directa, como son la iniciativa legislativa popular y el referéndum.
• Por último, es un Estado de derecho, lo que implica que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la ley.

Soberanía nacional

En el artículo 1.2, se aclara que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». En otras palabras, el texto constitucional trata de garantizar que España sea un Estado democrático, basado en un sistema que garantice la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dicho sistema democrático se fundamenta en las bases de la participación ciudadana en el ejercicio del poder, significado último de la soberanía nacional.

• El poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, que son las que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (artículo 66 de la CE).
• El poder ejecutivo corresponde al Gobierno, que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, y la defensa del Estado. Además, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes (artículo 97 de la CE).
• Por último, está el poder judicial. Recuerda que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados que integran el poder judicial y que son independientes, inamovibles y responsables, y que están sometidos únicamente al imperio de la ley (artículo 117 de la CE).

Forma de gobierno

Para cerrar el artículo 1, nos centramos en el apartado 3, que nos recuerda que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria», entendiéndose que el rey, aunque ostenta el cargo de jefe de Estado, está sometido al Parlamento, y que le es aplicable la máxima de que «el rey reina, pero no gobierna». En esta forma de organización, como acabamos de mencionar, la Jefatura del Estado se atribuye al rey, y el centro de la vida política se encuentra en el Parlamento. Teniendo en cuenta que el rey ha visto prácticamente vaciadas sus competencias, la toma de decisiones tiene su base en la actividad legislativa que ejercen las Cortes Generales. De la ejecución de las mismas se encarga el Gobierno.

Forma de Estado

Por su parte, el artículo 2 dispone que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles [es decir, no existe la posibilidad de segmentación del país] y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Así pues, se reconoce la existencia de las comunidades autónomas, su capacidad de autogobierno, y la necesidad de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

Lengua oficial

Nos vamos ahora al artículo 3, que establece que la lengua oficial en nuestro país es el castellano, lo que determina el derecho a usarla y el deber de conocerla. Además, se reconoce de manera oficial el uso de las demás lenguas españolas en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y es que, sin duda, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que debe ser respetado y protegido

Bandera oficial

La bandera oficial española se regula en el artículo 4, que fija los colores de la misma (recuerda que está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas), sin perjuicio del reconocimiento de las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas que puedan estipular los estatutos, y que podrán ser utilizadas en edificios públicos y actos oficiales, junto a la española.

Capital del Estado

Por su parte, el artículo 5 establece que la capital del Estado es la villa de Madrid. Para ello, se promulgó la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que regula las especialidades que corresponden a la misma como capital de España.